«El control
tecnológico es inquietante y quienes luchemos contra él seremos considerados
sospechosos»
El abogado Javier de la Cueva
(1962, Madrid) es uno de los mayores expertos en licencias libres de propiedad
intelectual. Fue el abogado encargado de la defensa de los casos Ladinamo, que
desembocó en la primera sentencia que reconoció el Copyleft, y de Sharemula,
que confirmó que las webs de enlaces a archivos en redes p2p no cometen
delitos, entre otros juicios estratégicos en el ámbito del conocimiento compartido.
Es doctor en Filosofía, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, así
como en el Instituto de Empresa. También es miembro de Civio, una fundación
dedicada a combatir la opacidad de las administraciones públicas.
Aunque aún no se hayan puesto en marcha, las propuestas de lanzar
aplicaciones móviles para el control del confinamiento mediante la
geolocalización y de las interacciones entre personas para rastrear posibles
contagios, suponen un posible y grave recorte del derecho a la privacidad sin
que se atisbe una gran resistencia ciudadana. ¿De qué escenario veníamos para
que sea tan fácil dar pasos trascendentales en el control social sin un debate
público previo?
A mediados de los años 90 se
hablaba de que la CIA había desarrollado una aplicación llamada Carnivore que
lo controlaba todo. Ese fantasma se hizo realidad cuando Mark Zuckerberg creó
Facebook. Desde sus inicios, surgieron las alertas de que sus ingenieros sabían
antes que los propios interesados que dos personas podían establecer algún tipo
de relación por el número de veces que miraban sus respectivos perfiles, leían
sus mensajes o se daban ‘me gusta’ recíprocamente.
En 2010, el joven austriaco Max
Schrems demostró que Facebook estaba incumpliendo la normativa de cesión de
datos entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que hubiera obligado a
guardar los datos de sus usuarios de este continente en servidores dentro de la
UE. Los recopilaba en Estados Unidos, como sigue haciendo en la actualidad. En
2013, Edward Snowden reveló que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados
Unidos (la NSA) espiaba y recopilaba información de cientos de millones de
personas.
Por tanto, antes de la pandemia
ya vivíamos en un mundo totalmente controlado, hasta tal punto de que habíamos
pasado de la promesa de una sociedad del conocimiento, distribuido, a una
sociedad del control gracias a la polarización de la Red y la creación de las
empresas de Sillicon Valley que centralizaron la información. Esta fue una de
las frases que pronuncié cuando me invitaron a una sesión en el Congreso de los
Diputados. Pregunté a sus Señorías quiénes llevaban la geolocalización
conectada y eran prácticamente todos. ¿Cómo puede permitir la gente que tiene
la responsabilidad de gobernar este país que Google sepa dónde están en cada
momento? No hay una concienciación ciudadana sobre la privacidad desde la que
se pueda reflexionar conjuntamente.
Y cuando le explica estas cuestiones a su alumnado, ¿qué le dice?
Que no tienen nada que ocultar.
En contra de su tesis, les explico que lo que hacen ahora no tiene por qué
estar bien visto dentro de unos años. La publicidad de los años 80 nos devuelve
el reflejo de una sociedad machista o en la que era normal ir sin cinturón en
el coche, por ejemplo. En el futuro, los valores serán también diferentes. Pero
también porque lo que funciona aquí no tiene por qué hacerlo en otros lugares,
como Arabia Saudí. ¿Y si son homosexuales y quieren viajar allí? Y también por
la capacidad de perfilado que tienen las redes sociales. ¿Cómo vas a justificar
que has coincidido en el supermercado con cinco yihadistas si llevas la
geolocalización abierta? ¿Van a creerse que fue una casualidad?
Todo esto nos obliga a ser muy
celosos de nuestra intimidad, pero todos los desarrollos tecnológicos que se han
hecho procuran lo contrario y facilitan la entrega de los datos con aparatos
muy atractivos. Se han vendido a través de una estética y de una prosa que nos
convence de que gracias a lo que nos ofrecen vamos a ser unos campeones
mundiales.
Se trata además de un sistema de
control del que no puedes desaparecer. No se puede vivir fuera de Google,
porque aunque no tengas una cuenta de Gmail, la mayoría de los contactos a los
que escribes sí los tendrán. Además, grandes instituciones como el BBVA, la
Universidad Complutense de Madrid y muchas otras han cedido la gestión de todos
sus servicios tecnológicos a Google. Estamos en lo que Shoshana Zuboff ha
definido como ‘El capitalismo de la vigilancia’, como tituló su recomendable
libro.
Así que el terreno estaba abonado
para que ahora implanten una aplicación en el teléfono y no haya
suspicacias.
Además ha habido otro fenómeno
interesante. Las administraciones han forzado una transición tecnológica sin ni
siquiera darnos tiempos para adaptarnos. Como abogado, si quiero presentar una
querella tengo que hacerlo a través de la plataforma Lexnet, para la que no
dieron tiempo para alfabetizarse digitalmente.
Una plataforma que además es
controlada por el Poder Ejecutivo, aun cuando sea para la Administración de
Justicia.
Efectivamente, una cuestión que
nos daría para mucho. Pero que también nos sirve para analizar cómo tiene que
ser la estructura de redes pública en el siglo XXI. Por un lado tenemos todos
esos programas vistosísimos, toda la maquinaria de las corporaciones
tecnológicas convenciéndote de que las uses, y un Estado obligándote a usarlas.
La tormenta perfecta para que te puedan decir que tienes que tener un
smartphone.
Yo guardo el Nokia antiguo como
un absoluto tesoro porque ahí el dueño soy yo. Pero igual que me obligaron a
usar determinado software y hardware, me pueden obligar a tener un sistema de
control registrado en una compañía de teléfono que va a saber todo sobre mí a
través de las antenas a las que me voy conectando.
El panorama de control tecnológico
es inquietante y los que luchemos contra su implantación seremos considerados
sospechosos. Yo estoy a favor de que cuando hay una tensión entre el derecho a
la libertad deambulatoria y la seguridad por un tema de salud pública, se tomen
medidas. Pero estoy en contra de que se adopten irracionalmente y sin que la
ciudadanía podamos acceder a nuestro derecho a saber qué informes están detrás
de esas decisiones.
Yo ya exigía esos informes cuando
se barajaba bajar la velocidad máxima en las carreteras de 120 kilómetros a
110.
Usted ha afirmado en más de una ocasión que este sistema tecnológico de
hipervigilancia sería el sueño húmedo de la Stasi, de Goebbles, de Mussolini…
Hemos pasado de sistemas totalitarios que empleaban el terror para conocer todas
las parcelas de la intimidad de su ciudadanía, a que ahora sea esta la que la
expone y regala a plataformas que se lucran con esos datos.
Los de la Stasi eran unos
aficionados en comparación con lo que saben hoy de nosotros las grandes
corporaciones. Este verano estuve en el museo de la Stasi en Berlín y los
sistemas de control que tenían eran rudimentarios comparados con los que se
utilizan ahora. Como ciudadanía desconocemos cómo se emplean estos mecanismos u
otros, como pudieran ser los satélites que en la actualidad se dedican a
vigilar los cultivos agrícolas para luego especular en los mercados de
alimentos, por ejemplo.
Efectivamente el software no es
una herramienta neutral. La propia configuración del software es política, pues
decide qué modelos de actuación son posibles. Pero, además,
en un debate
reciente, planteábamos que es muy difícil defender los derechos de
la ciudadanía cuando vamos a los tribunales y el nivel en el que tenemos que
debatir las cuestiones es absolutamente básico, como describirle a un juez qué
es una DNS o escuchar a un abogado del Estado defender que los algoritmos de
los programas informáticos tienen que ser secretos.
Por otro lado y además de lo
relacionado con los programas de software, esta pandemia ha evidenciado que no
se pueden hacer políticas públicas si no tenemos datos, cuando la demografía ya
se empleó en el 1600 con la peste: las parroquias recopilaban los datos de
nacimientos y muertes y de ahí se extraían tablas y análisis. Ahora
Civio o
Datadista han tenido que
trabajar con archivos en formato pdf que han tenido que exportar a archivos
tratables automatizadamente por ordenador. No hay alfabetización digital.
La función de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado vienen muy claras en la Constitución y en las
leyes que la regulan. Estos cuerpos son absolutamente necesarios, tienen que
tener sueldos mucho mayores y es lamentable el trato que reciben por parte de
las instituciones. En los juzgados me he encontrado con funcionarios
absolutamente distinguidos, con una preparación impresionante. Otra cuestión son
las órdenes políticas que están recibiendo. No me cabe duda de que muchas de
esas denuncias van a ser sobreseídas y sus destinatarios absueltos.
Desde arriba no se les ha dado un
criterio claro. Se ha hecho una legislación de brocha gorda y se ha olvidado
que España es muy diversa. Pueblos en la montaña con 20 habitantes que no
tienen nada que ver con una gran urbe, las Islas Canarias… Ha faltado
granularidad en la legislación para contener la pandemia.
El propio ministro de Ciencia e
Innovación, Pedro Duque, admitía en una entrevista en El País que carecían de información suficiente para afrontar
la pandemia.
Las comunidades autónomas no han
dado las tablas de información al Gobierno central hasta hace apenas una
semana. Es inaudito porque desde hace bastantes años los responsables de los
archivos y de las bibliotecas han desarrollado técnicas y explicado cómo deben
recogerse los datos, tabularse, qué características tienen que contemplar,
cuáles son los metadados relevantes, cómo clasificar la información…
Sin embargo, en las
administraciones públicas estamos en manos de personas incapaces que, ya siendo
adelantados, emplean Excel como lo más cercano a una base de datos. Cuanto más
se sube en la escala de la administración, menos se sabe sobre cómo tratar los
datos. Deberían aprender de las personas a cargo de los archivos y de las
bibliotecas.
¿Y cómo se explica el fenómeno de esa ciudadanía que ha asumido tareas
de vigilancia policial y que insultan a las personas que consideran que no
deben estar en la calle?
Es parte de la cultura de este
país. Yo fui de los que tuvo que hacer el servicio militar y por aquel entonces
se producía el fenómeno de las novatadas a los recién llegados. Cuando ya
llevábamos 6 ó 9 meses de antigüedad, nos dividíamos entre los que considerábamos
que no había que hacerlas y los que defendían que, como a ellos se las habían
hecho, ahora les tocaba a ellos fastidiar a los nuevos. Es la misma
legitimación que la del ‘fascista’ o ‘estalinista’ de balcón. Hay un problema
gravísimo de educación.
Nuestra sociedad está muy
lastimada
Desde el momento en el que el
ejemplo de diálogo que se introduce en las salas de estar en las casas es el de
programas de televisión en los que seres vociferantes se interrumpen
continuamente, nuestra sociedad está muy lastimada. Teníamos un guerracivilismo
y un país cainita y no hemos tenido ningún partido sensato que haya intentado
desmembrar esas cuestiones. Y a los que lo han intentado les han cortado las
alas. Por eso, el tema de la memoria histórica siempre se ha visto como algo
partidista, las asociaciones de víctimas del terrorismo también, y ahora no me
cabe duda de que la pandemia será concebida también desde el partidismo. Por
eso no lograremos zanjar ese guerracivilismo entre las personas.
En casos tan graves como este en
el que está en juego la supervivencia, debería apartarse a cualquiera que
quiera sacar rédito partidista y poder establecer comisiones de la verdad que
investiguen qué se ha hecho mal. Porque se han hecho mal muchísimas cosas, pero
todo quedará en que el PP dirá que todo lo que hizo el PSOE estaba mal y
viceversa. No se pueden hacer distingos y debería investigarse por qué hubo
aglomeraciones no ya el día 8 de marzo, sino a partir del día 1: los partidos
de fútbol, los centros comerciales, el mitin de Vox… además de las
manifestaciones del 8M.
Todos nos hemos visto
sorprendidos por la gravedad de la pandemia. Si nos hubiesen dicho hace unos
años que íbamos a estar encerrados en casa dos meses, no nos lo habríamos
creído, pese a que había expertos y expertas advirtiéndolo desde hace tiempo. Y
no se les prestó atención ni desde la Unión Europea, ni desde los gobiernos
centrales, autonómicos ni ayuntamientos.
¿Cree que habrá una verdadera investigación sobre esta cuestión?
No. La mejor investigación que
conozco en este sentido fue la de ‘las vacas locas’ en el Reino Unido. Se
verificó por parte del Parlamento cómo un órgano del Ejecutivo dio
instrucciones a los veterinarios para que no contaran las vacas locas que iban
muriendo y así no alarmar a la población. El informe final decía literalmente:
“Esto jamás debería haber ocurrido”. En España hemos tenido los casos del
chapapote, el Yak-42, el metro de Valencia… y jamás hemos tenido una comisión
de investigación con rigor científico y que ofreciera resultados. Los partidos
políticos evitaron la posibilidad.
En un tuit proponía que nos
pusiéramos en el lugar de los que tenían que decidir, desde la Unión Europea,
dar dinero para la recuperación a España a unos partidos políticos con
precedentes como Filesa, Púnica, Gürtel, Guerra, Palau, Malaya, ERE, Fabra,
Roldán, Naseiro, Pujol…
Los partidos políticos estarán ya
pensando en ver cómo se llevan parte del dinero que venga de Europa y algunos
saldrán respaldados con los votos de la ciudadanía en las siguientes
elecciones. La historia nos demuestra que la corrupción les ha hecho perder
votos, pero no se les ha sancionado con desaparecer del mapa político ni con
devolver lo robado. Eso es algo que me encantaría que cambiara en este
país.
Tanto desde el Gobierno como
desde determinados medios de comunicación hay una dosificación de la
información –por ejemplo, cómo se ha anunciado el confinamiento de quince día
en quince días– siguiendo técnicas de propaganda bélica para mantener alta la
moral de la población. También sorprende el relato edulcorado de la pandemia,
que se ha cobrado la vida ya de más de 25.000 personas, en el que abundan
piezas lúdicas sobre lo que ocurre en los balcones, dentro de las casas… Y
pareciera que, ante el panorama desolador que se avecina por la crisis
económica, una parte de la población se sintiera cómoda con esta autocensura,
que prefiere no saber…
Es lo que Kant decía en ¿Qué es
la Ilustración?: su famoso «Atrévete a saber». Es un problema de madurez
ciudadana que en muchos ámbitos, efectivamente, prefiere no saber. Hay un
desprecio hacia el conocimiento, el “Vivan las caenas’ del que no hemos
terminado de salir, la diáspora de pensadores en los años 40… No hay país que
avance si su ciudadanía prefiere no saber. El no querer saber no puede ser una
corriente de pensamiento válida, sino una excepción que admitamos como tal.
Este país tiene un gran problema
de educación. Tenemos una serie de generaciones que están saliendo adelante en
la educación gracias al esfuerzo del profesorado, que está sin medios y con
unos ratios de alumnado altísimos… Pero también los ambientes en los centros
empujan al amancebamiento del funcionariado público, en lugar de alimentar la
linterna que debería de ser el conocimiento; o esa metodología de los apuntes
que, como explica el maestro
Emilio Lledó, reduce muchísimo el conocimiento final adquirido
por el estudiante… Hay que invertir en educación.
Con esta pandemia hemos visto que
ha faltado la ciencia, la sanidad, la educación y la justicia. Los juzgados no
han colapsado por la COVID-19, sino que llevan colapsados 20 años porque no se
les ha dotado de presupuesto. Y no se ha hecho porque tenemos una clase
política corrupta que no tiene ningún interés en que funcionen. El mejor
ejemplo es cuando el gobierno de Mariano Rajoy limitó la instrucción de los
casos penales a 6 meses. Si en ese plazo no se ha acabado la investigación, se
tienen que archivar o seguir sin profundizar en la búsqueda de pruebas. No
conozco ningún estudio que recoja cuánta gente ha eludido la justicia gracias a
esa reforma.
Y ahora vamos a tener un
gravísimo problema porque para que funcione un país la justicia tiene que
funcionar. Porque tiene que haber un sistema rápido de resolución de
conflictos, sin él estamos dejando un campo abonado para estafadores. Por
ejemplo, si una empresa constructora no acaba o entrega defectuosa la vivienda
que una persona ha comprado, a la hora de negociar el conflicto, una de las
cosas que la parte vendedora va a poner sobre la mesa en la negociación es que,
si vas a los juzgados, te vas a tirar cuatro años paralizado. Esto fuerza a
pactos injustos. Y así, no hay economía que pueda ir bien.
